La falta de consenso en la financiación para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha generado preocupación en el Gobierno regional. En una reunión de trabajo realizada hace dos semanas, el Gobierno central ha rechazado la propuesta presentada por las comunidades autónomas de manera unilateral.

En dicho encuentro, las comunidades autónomas presentaron una propuesta unánime sobre la financiación de las plazas, la cual el Ministerio se había comprometido a considerar. La propuesta proponía que el Estado asumiera los costos de las plazas de profesor ayudante doctor durante los primeros seis años, y que luego las comunidades autónomas se encargaran del resto durante la vida laboral de los mismos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, expresó que «la implementación de esta ley implica un costo adicional para todas las universidades españolas, el cual no ha sido calculado adecuadamente por el Gobierno central. Además, se pretende que parte de este costo sea asumido por las comunidades autónomas. Nos hemos enterado por la prensa de que nuestra propuesta ha sido rechazada y que el Gobierno central solo financiará dos tercios de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias durante los primeros seis años».

Vázquez también señaló que «aún persisten discrepancias, no solo con las comunidades autónomas, que deberían asumir un gasto no previsto, sino también con algunas universidades, en relación al número de profesores ayudantes doctores necesarios».

Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se reunió con la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para informarles sobre su decisión de financiar únicamente el coste de dos tercios de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias, para adecuar las plantillas a las nuevas exigencias docentes de la LOSU durante los primeros seis años.

«La mayoría de las comunidades rechazamos el anuncio del Gobierno y mostramos nuestra desacuerdo, una vez más, por la adopción de medidas unilaterales que implican un compromiso económico para las comunidades autónomas, sin consenso previo», manifestó Juan María Vázquez, instando al Gobierno central «a convocar urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para acordar un modelo de financiación justo, proporcional y viable, que permita abordar las consecuencias de la implementación de la LOSU que las comunidades autónomas deben enfrentar».

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