La Plataforma “Ningún niñ@ sin ATE”, conformada por padres, madres, profesionales y sindicatos en defensa del derecho de los alumnos con necesidades educativas especiales a contar con auxiliares educativos, ha recibido respuesta por parte del Defensor del Pueblo.
En este sentido, la institución ha recomendado a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo revisar los criterios para asignar los auxiliares técnicos educativos, considerando el número de alumnos y su nivel de dependencia, y promover las medidas pertinentes para asegurar la cobertura inmediata de vacantes o sustituciones, con el objetivo de brindar una atención inclusiva de calidad a los estudiantes.
Tras analizar los datos proporcionados por la Consejería de Educación, se ha observado una disminución en la proporción de auxiliares técnicos por alumno, pasando de 4,52 en 2020 a 6,88 en 2023, lo que representa una reducción del 34,2% en la atención brindada a cada estudiante. Esta situación evidencia una menor dotación que podría dificultar la correcta escolarización y atención de este colectivo.
Es importante mencionar que estos resultados se basan en el cómputo de profesionales contratados a tiempo parcial como si lo fueran a jornada completa, obviando una de las principales demandas de la plataforma: la falta de servicio durante toda la jornada escolar.
Además, la Consejería de Educación ha informado al Defensor del Pueblo que la mayoría de los programas de auxiliares técnicos son de 25, 30 o 35 horas semanales, lo cual no se ajusta a la realidad de contratos por menos tiempo que no cubren la jornada completa de los niños en el centro. Esto ha generado un gran número de solicitudes de ampliación de la jornada sin respuesta por parte de la Consejería.
Por tanto, no solo se ha reducido la atención en un 34%, sino que en ciertos momentos de la jornada escolar no se recibe atención alguna para cubrir las necesidades básicas de los alumnos.
Ante esta situación, se ha planteado la necesidad de concretar y revisar las funciones de los profesionales para adecuarlas a las exigencias de los centros educativos en constante evolución.
Quedamos a la espera de la respuesta de la Consejería a las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en beneficio de la inclusión educativa de todos los estudiantes.
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